La Democratización de la Seguridad en Colombia, está causando Inseguridad?

07.03.2023
El panorama de la inseguridad en Colombia
 

El país ha enfrentado una serie de desafíos en cuanto a la seguridad en las últimas décadas, y aunque se han logrado algunos avances significativos, aún existen problemas persistentes.

Uno de los desafíos más fehacientes que enfrenta Colombia, es la violencia asociada al narcotráfico y la delincuencia organizada. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad pública empleadas para combatir estas bandas criminales, no son suficientes, porque aún hay zonas en el país donde pulula la violencia común y las empresas criminales que siguen operando con gran impunidad.

Otro problema importante es la violencia política y social, que ha llevado a un número significativo de desplazamientos forzados y ha afectado gravemente a comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales. Simultáneamente la inseguridad en todas ciudades es el crimen organizado, que puede incluir actividades como el narcotráfico que ha mutado de la exportación a gran escala a un modelo mixto de exportación tecnificada y consumo interno en las urbes "microtráfico", aliada con el contrabando abierto en su mayor expresión en zonas de fronteras, pero también viene evolucionando hacia modalidades técnicas como perfeccionamiento del fenómeno criminal, hasta el empleo de nuevas formas del lavado de activos con injerencias de negocios internacionales.

El gobierno colombiano ha tomado una serie de medidas para abordar estos desafíos, incluyendo la implementación de programas de desarme, la intensificación de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y la promoción de iniciativas de reconciliación y diálogo en las zonas afectadas por este modelo de violencia político social. Sin embargo, estos problemas son complejos y persistentes, en medio de un sin números de procesos de paz fallidos, en donde es prioridad los incomunicados de los dirigentes guerrilleros contraste con los voceros del gobierno nacional, más no el unísono de una decisión pactada en esas mesas y en conjunto para avanzar.

En tal sentido, la institucionalidad no priorizó una educación de calidad con acceso y cobertura nacional, el mejoramiento de un sistema de salud óptimo que llegue hasta el paciente. De igual forma, la búsqueda de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, con exclusividad para quienes hacen parte activa de esos fenómenos criminales, que frente a tan compleja situción ha sido la primera y única opción de ganarse la vida como medio de subsistencia. Es decir, que las instituciones del gobierno fueron ausentes, sin participación efecticaz hasta el punto, que los ciudadanos se vean representados en cada una de ellas y se conduelan de las necesidades del pueblo colombiano.

Además, la pandemia COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la seguridad en Colombia, ya que ha exacerbado las desigualdades socioeconómicas, llevado a un aumento en la violencia doméstica y el crimen organizado.

La inseguridad en Bogotá

 La ciudad ha experimentado un aumento en la inseguridad en los últimos años, aunque también es importante señalar que la ciudad sigue siendo más segura que en décadas anteriores.

 

Entre los delitos más comunes en Bogotá se encuentran los robos a mano armada, los hurtos callejeros, el hurto de celulares, el secuestro exprés y el tráfico de drogas. Algunas zonas de la ciudad son más afectadas que otras, como los barrios periféricos y las zonas más vulnerables por la falta de oportunidades económicas, sociales, educativas, alimentarias y de salud.

El gobierno local con las fuerzas de seguridad están trabajando para abordar estos problemas, implementando los patrullajes policiales en áreas de alto riego, que nunca se ven. La instalación de cámaras de seguridad en lugares públicos, que si no están funcionando no tienen la resolución suficiente que identifiquen a los autores de los hechos delictivos y las campañas de prevención del delito, las cuales se quedan publicadas en las redes sociales de las instituciones, que otrora llegaban a terreno de forma presencial y directa a los afectados.

Además, la ciudad cuenta con un sistema de transporte masivo conocido como el “TransMilenio” el cual ha aumentado en inseguridad durante la prestación de esté servicio público, “porque allí pierdes tus pertenencias en medio de los empujones y los tumultos de personas que se acomodan como sardinas enlatadas en sus vagones” esto dicen sus usuarios. Sin lugar a dudas, el celular es el interés número uno de los delincuentes, y aunque hay líneas de atención para informar o solicitar ayudas en los casos de emergencias, seguirá siendo un método reactivo más no propositivo de carácter preventivo en la comisión de los delitos, que será lo ideal.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la seguridad es un problema cultural desde un punto de vista social, complejo, a su vez que requiere un enfoque multidimensional y sostenido para lograr resultados significativos. “Los ciudadanos también deben ser proactivos en la prevención del delito, tomando medidas como no portar objetos de valor de forma visible, evitar transitar por zonas peligrosas en horas de la noche y estar atentos a su entorno en todo momento”, estas son las recomendaciones de las autoridades. En otras palabras castizas "NO DAR PAPAYA", como si el problema de la seguridad personal estuviera asociado en el mismo ciudadano, cuando ello surge de variables socioculturales y, por el contrario, en una democracia está bajo la tutela de la fuerza del orden público interno. La Policía Nacional de los colombianos, es la única institución del estado constitucionalmente establecida, para ser garante de privilegiado derecho ciudadano. 

Algunas cifras a tener en cuenta  
 
Las estadísticas no mienten sobre la seguridad en Colombia porque han mostrado una tendencia a la disminución de la violencia de alto impacto.


Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, el número de homicidios ha disminuido en un 48 % desde 2002 hasta el 2019, pasando de 29.780 a 15.459. Pero que dirán las cifras y datos en los últimos 3 años hasta la actualidad, será un una tesis de estudio para un próximo artículo. Además, el número de secuestros ha disminuido en un 90 % desde 2000 hasta el 2019, pasando de 3.572 a 559. Aunque mediáticamente se viene documentando algunos secuestros con connotaciones extorsivas y algunas con fines políticos en medio de un nuevo proceso de paz total, que incluye cerca a una decena de bandas criminales inmersas en este fenómeno.

Sin embargo, todavía existen problemas de seguridad en el país. Según el observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, en el 2020 se registraron 21.124 homicidios en Colombia, un aumento del 1,7 % con respecto al año anterior. Además, la tasa de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas en la región latinoamericana.

En cuanto a la violencia contra la mujer, según el instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se registraron 231 feminicidios en Colombia en 2020. Además, se han reportado un aumento en los casos de violencia intrafamiliar y sexual durante la pandemia de COVID-19.

Qué pasa en otras ciudades 

 La inseguridad en una preocupación importante en muchas ciudades de Colombia, especialmente en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

 La delincuencia común, como el hurto a personas, es el hecho criminal de mayor preocupación por el ciudadano del común, toda vez que su frecuencia está en altos niveles, especialmente en áreas de alta densidad poblacional como centros urbanos, parques, calles, sistemas de transporte público y zonas de comercio en barrios. También se han registrado casos de asaltos a mano armada como el depojo de pertenencias a comensales en restaurantes. En las residencias, sus ocupantes no se escapan a estos robos. En semáforos, quienes se movilizan en sus vehículos se suman a estos hurtos exprés.

Y en un sinnúmero de acciones delictivas, el fenómeno de la extorsión, ha venido proliferando el sector comercial como formas de financiación de las bandas criminal, las cuáles hoy son nuevos modelos emergentes de las extintas autodefensas y la guerrilla Farc. Aunque las autoridades afirman que en su mayoría son en la modalidad carcelaria, que no revisten mayor preocupación como aliciente mediático.

Que está pasando con la inversión extranjera en el país…


Por ejemplo, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en 2020, se estima que la inversión extranjera directa (IED) en Colombia se redujo en un 25 % en 2019, en gran medida debido a la disminución de la inversión de Estados Unidos y el aumento de la incertidumbre política y económica en el país.

En cuanto al acumulado de la salida de capital de Colombia, según cifras del Banco de la República, a julio de 2021 la salida neta de capitales acumulados en el año era de USD 6.070 millones. Las principales causas de la salida de capital son la inversión en el exterior y la amortización de créditos externos. Es crucial tener en cuenta que la salida de capital puede ser afectada por diferentes factores, tanto internos como externos, que influyen en la economía del país.

Actualmente, no tengo acceso a información precisa sobre la cantidad de personas que han emigrado de Colombia después de la posición política de Gustavo Petro, ya que esto no ha sido objeto de un estudio sistemático o una medición oficial. Pregunta para indagar, decantar y posible sujeto de análisis que estará a la orden del día. Es importante tener en cuenta que la emigración de colombianos al extranjero ha sido una tendencia constante durante muchos años, y está influenciada por diversos factores como la situación económica, la violencia, la falta de oportunidades laborales y la búsqueda de mejores condiciones de vida.


La democratización de la seguridad
 

Se refiere a un enfoque de política pública que busca involucrar a la sociedad civil y a los ciudadanos en la gestión de la seguridad pública, más no protegerse autónomamente de los ladrones. Este enfoque se basa en la premisa de que la seguridad no es solamente responsabilidad del estado y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sino que también es una tarea que le compete a toda la sociedad. Si bien es cierto que los componentes de la seguridad privada vienen desarrollando una participación en la protección de los ciudadanos en algunos espacios de integración privada y en algunas áreas públicas, en la actual línea política de gobierno de turno no recobran importancia, ya que la proyección se teje alrededor de desarmar a los civiles.

Dicho esto, la política de democratización de la seguridad implica fomentar la participación del ciudadano en la definición de políticas de seguridad, toma de decisiones y la supervisión de las acciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley "La Policía Nacional y La Fiscalía General de la Nación". También logra involucrar el fortalecimiento de las instituciones y aplaudo la promoción de la cultura de la legalidad entre la población, pero sin duda alguna es un enfoque progresista en medio de un país tercermundista, en el cual se solucionan los problemas de convivencia con el uso de la violencia. Finalmente, será un tema de la agenda mediática y la opinión pública, como retorica del discurso de los gobernantes, pero sin avances significativos por el órgano ejecutivo a través de la Policía. Además, la fiscalía, quien lidera los programas metodológicos de investigación criminal, deberá tener una participación protagónica para la captura de los responsables y desarticulación de las BACRIM.

Tal vez este ciclo en el sistema judicial y penitenciario, del delincuente, no es el más acertado en el fin último que busca la resocialización a la sociedad. En el cual, por el contrario, se maneja como un dato estadístico más, porque no es tenido en cuenta como un individuo que requiere una atención y acompañamiento integral psicosocial, quien deberá reintegrarse en un futuro con la gente. Pero el ciclo no ha cerrado porque el sistema penitenciario actual tiene altos riegos de corrupción y comisión de delitos, en donde el reo es instrumentalizado para convertirse en un experto en la comisión de nuevos "modus operandi" porque su interacción se sesga únicamente con otros delincuentes, para perfeccionar su accionar.

 Faltan expertos y asesorías en materia de seguridad ciudadana  

Es importante destacar que los escasos beneficios del proceso de paz en Colombia con las antiguas Farc, consolido una reducción significativa en los niveles de violencia como el secuestro y terrorismo. Sin embargo, los programas de seguridad en todas sus dimensiones para la implementación por parte del gobierno, fue reacción a los mismos acuerdos en una simple retórica e insuficiente. Porque el proceso con la guerrilla, se limitó a una respuesta política a su secretariado, causando la desigual social en sus exintegrantes y las comunidades asentadas en esas zonas de injerencia. De allí nacieron y se fortalecieron tanto las disidencias de las Farc como las nuevas bandas criminales entre ellas el clan del golfo.

De igual forma, otro error del proceso fué el no priorizar la protección y garantía de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, con exclusividad para quienes hicieron parte de esa guerrilla, Es decir, una atención integral para el optimo desarrollo de un futuro ciudadano que le aporte a la sociedad a medida que haga su reintegración a la vida civil eficazmente y no fallida, como la reincidencias del reclutamiento de menores en filas de las bacrim.

Además, las autoridades locales y nacionales deben tener como prioridad, trabajar para mejorar la seguridad ciudadana con capacidades de inteligencia para anticiparse a esos fenómenos. La investigación judicial para desarticular las bandas criminales y sus cabecillas, impactando sus finanzas de forma determinante y reducir así el emergente modelo criminal de la delincuencia común y organizada, gestada en los escenarios que por décadas ha sido ausente el estado y su autoridad.

En tal sentido, será caldo de cultivo para acrecentar la falta de seguridad social entendida como las necesidades básicas de las familias colombianas, supliendo mínimo las tres comidas diarias. Situación que se presenta desde las épocas de los despojos del terruño, del campesinado, la transición a un desempleo urbano, desconociendo las lógicas de subsistencia. De allí se presenció la falta de oportunidades sociales que se suman hasta nuestros días. Finalmente, la exponencial incertidumbre económica del país, desde una mirada equilibrada del peso colombiano frente al dólar y el euro, como economías fuertes a nivel mundial, causando la hiperinflación en el costo de vida en cualquier rincón del país.

Dicho esto, el actual orden geopolitico, sociocultural y económico colombiano, no causará escenarios de garantía para la inversión industrial, empresarial y comercial extranjera en el territorio, la cual hoy se ha trasladado a otras naciones. Según algunos informes, se afirma que en los últimos años se ha registrado una salida de capitales importante de Colombia debido a esos factores enunciados anteriormente como la incertidumbre en las políticas de seguridad pública y ciudadana. 

En resumen, si la implementación de la política “Democratizar la Seguridad” en Colombia pretende involucrar a los ciudadanos en la construcción de entornos más seguros a partir de una cultura de prevención ciudadana con responsabilidades que activen su participación en la gestión de la seguridad pública. En términos crudos, el estado deberá fortalecer las instituciones con expertos por décadas en materia de seguridad ciudadana, aumentar las asesorías integrales con enfoque multidisciplinario ante los nuevos desafíos y retos que afronta la tranquilidad de la ciudadania. Se puede lograr, fortaleciendo la institucionalidad democrática que promueva altos niveles de honestidad en su actuar, en coherencia con su filosofía o razón de ser, al servicio de la gente y no el ciudadano al servicio de las instituciones, quien se autoprotege de la delincuencia; y con un gran temor del ladrón y del mal actuar de algunos miembros de la Institución Policial, quien es la llamada a ser garante de la vida, honra y bienes, es decir, la seguridad ciudadana.

Además, las autoridades locales y nacionales deben tener como prioridad, el generar un modelo de inteligencia con altos estándares tecnológicos que se anticipen al delincuente, afrontando oportunamente los fenómenos criminales actuales, siempre dos pasos más adelante, en procura de mejorar la seguridad en todo el territorio y tomar las riendas brindando soluciones de raíz. 


@Octopus